IGC continúa defendiendo mejoras en el futuro Real Decreto de resarcimientos de la Guardia Civil
El 27 de octubre de 2026 se celebró una nueva reunión del grupo de trabajo sobre el borrador del Proyecto de Real Decreto por el que se regula el resarcimiento o indemnización por daños patrimoniales, corporales o psíquicos al personal de la Guardia Civil y su responsabilidad administrativa, en el marco de los trabajos impulsados por la Dirección General de la Guardia Civil.
Comunicado anterior grupo de trabajo: https://www.igcprofesional.es/2026/09/19/resarcimiento/
Desde Independientes de la Guardia Civil (IGC) seguimos trabajando para que esta futura norma garantice una protección efectiva de los agentes que sufran daños como consecuencia del servicio, evitando que tengan que asumir perjuicios económicos que no les corresponde soportar.
Con carácter previo a esta reunión, la Administración había facilitado un cuarto borrador del texto normativo y abierto un plazo para que las asociaciones profesionales representativas formularan observaciones, cuyo vencimiento estaba previsto para el 5 de noviembre, ampliándose al 11 de noviembre y proponiendose un nuevo GT para el dia 13 de enero de 2027.
A partir de las aportaciones recibidas, la Administración ha revisado el texto e incorporado algunas de las modificaciones propuestas, indicando cuáles han sido aceptadas, aceptadas parcialmente o rechazadas, así como los motivos correspondientes.
Las observaciones planteadas por las distintas asociaciones profesionales han abordado cuestiones relevantes para la seguridad jurídica de los agentes, el alcance del resarcimiento y las garantías aplicables a los procedimientos. En el caso de IGC, las propuestas se han dirigido especialmente a reforzar la protección del personal afectado y a mejorar la aplicación efectiva del principio de indemnidad.
Asimismo, la Administración trasladó la posibilidad de que el proyecto se eleve a la Comisión de Normativa del Consejo de la Guardia Civil durante 2027 y se sigan realizando mas Grupos de Trabajo, con el objetivo de continuar avanzando en su tramitación y dotar de mayor seguridad jurídica a la futura regulación.
Principales asuntos tratados
Daños en bienes particulares y criterios de valoración
Se han revisado los criterios para acreditar la titularidad de los bienes dañados, contemplando la posibilidad de utilizar medios de prueba admitidos en derecho cuando no se disponga de factura. También se han tratado los criterios de valoración y depreciación de los bienes, así como las dificultades que pueden surgir al aplicar referencias fiscales o tablas de amortización a objetos de uso personal.
Asimismo, se han incorporado previsiones relativas a los bienes utilizados para el servicio y a la documentación necesaria para acreditar los daños y justificar la solicitud.
Indemnizaciones por lesiones y enfermedades
El borrador regula el resarcimiento de determinados gastos derivados de lesiones, mutilaciones, deformaciones o enfermedades relacionadas con el servicio que no estén cubiertos por los sistemas de Seguridad Social.
También contempla la posibilidad de indemnizar determinados daños y perjuicios causados por terceras personas condenadas mediante sentencia firme y declaradas insolventes. En este ámbito se han revisado las condiciones para acceder al resarcimiento y su relación con las indemnizaciones reconocidas judicialmente.
Plazos para presentar las reclamaciones
Otro de los puntos examinados ha sido el plazo general de un año para solicitar el resarcimiento, junto con las reglas específicas previstas para determinados supuestos.
Durante la revisión se han planteado observaciones sobre el momento a partir del cual debe comenzar el cómputo del plazo, especialmente en los casos de lesiones y secuelas cuya evolución puede prolongarse en el tiempo.
La Administración mantiene el criterio general recogido en el borrador, por lo que esta cuestión continúa siendo objeto de debate en relación con el alcance y las garantías del procedimiento.
Silencio administrativo
También se ha tratado el sentido del silencio administrativo cuando la Administración no resuelve dentro del plazo establecido. El proyecto mantiene, con carácter general, el silencio desestimatorio en estos procedimientos, mientras que en los de responsabilidad administrativa se prevén la caducidad y el archivo de las actuaciones en los términos recogidos en el texto.
Las propuestas formuladas para modificar este régimen no han sido aceptadas por la Administración.
Responsabilidad administrativa de los agentes
Una parte importante de la revisión se ha centrado en las circunstancias en las que puede exigirse responsabilidad administrativa por daños en bienes. Se han planteado cuestiones relacionadas con la determinación del dolo, la culpa o la negligencia grave, así como con las circunstancias concretas en las que se desarrolla una actuación policial.
El borrador incorpora la valoración de factores como la urgencia, el riesgo, la necesidad de adoptar decisiones inmediatas y los medios disponibles. No obstante, siguen existiendo diferencias sobre el alcance de las garantías aplicables y sobre cómo deben valorarse los errores cometidos en situaciones operativas complejas.
También se han examinado las garantías procedimentales, entre ellas el acceso al expediente, la proposición de pruebas, la audiencia de las personas interesadas y la asistencia letrada. La Administración considera que buena parte de estas cuestiones ya están reguladas por la normativa general del procedimiento administrativo y no acepta incorporar todas las previsiones adicionales propuestas.
Información estadística y seguimiento de los expedientes
En materia de transparencia, se ha planteado la publicación de datos sobre los expedientes de resarcimiento, incluyendo los iniciados, estimados y desestimados, así como las cuantías abonadas.
La Administración acepta parcialmente esta propuesta y señala que promoverá la inclusión de estos datos en el Informe de Política de Personal (INFOPOLPER). No obstante, el borrador no establece expresamente una obligación de publicación periódica con el alcance planteado en las propuestas.
Un texto que continúa en revisión
La revisión del proyecto refleja avances en algunas cuestiones, junto con propuestas que han sido aceptadas parcialmente o rechazadas por la Administración. Entre los aspectos que siguen suscitando observaciones figuran los plazos de reclamación, los criterios de valoración de determinados daños, el régimen del silencio administrativo y las garantías aplicables a los procedimientos de responsabilidad administrativa.
El objetivo de esta regulación es establecer un marco claro para tramitar el resarcimiento de los daños vinculados al servicio, determinar los supuestos en los que procede y ofrecer seguridad jurídica tanto a las personas afectadas como a la Administración.
El texto continúa siendo un proyecto normativo y su contenido podrá variar durante las siguientes fases de tramitación.
Desde IGC se ha incidido especialmente en la necesidad de que la futura regulación ofrezca garantías efectivas al personal de la Guardia Civil y evite que los agentes tengan que soportar injustamente perjuicios económicos derivados directamente del servicio.
La finalidad debe ser clara: que ningún guardia civil tenga que asumir injustamente las consecuencias económicas de los daños sufridos en el ejercicio de sus funciones.
IGC seguirá trabajando en defensa de los guardias civiles
Desde Independientes de la Guardia Civil continuaremos formulando propuestas y defendiendo las mejoras necesarias durante la tramitación del futuro Real Decreto. Nuestro compromiso es contribuir a una regulación que ofrezca una protección real, equilibrada y jurídicamente segura a todos los integrantes de la Guardia Civil incluidos en su ámbito de aplicación.
La defensa de los derechos de los guardias civiles exige que el principio de indemnidad se traduzca en garantías efectivas, no únicamente en una declaración de intenciones.
Contacto y participación
IGC mantiene su disposición al diálogo y anima a los compañeros y compañeras a trasladar sus experiencias, propuestas y dudas a través del correo electrónico:
Y recuerda: si valoras el trabajo que realiza IGC en defensa de los derechos e intereses de los guardias civiles, ¡asóciate!
Cuota anual: 69 €
