A las 10:00 horas del día 25 de junio de 2026 tuvo lugar, en la Dirección General de la Guardia Civil, el Grupo de Trabajo relativo al borrador del «Proyecto de Real Decreto por el que se regula el resarcimiento por daños patrimoniales, corporales o psicológicos al personal de la Guardia Civil y su responsabilidad administrativa», al que asistió una representación de Independientes de la Guardia Civil (IGC).
Cabe señalar que, con carácter previo a la celebración de este Grupo de Trabajo, la Administración facilitó una presentación explicativa de la normativa objeto de modificación, así como un primer borrador del texto normativo, abriéndose un plazo para la formulación de observaciones por parte de las asociaciones profesionales representativas.
Tras el análisis de dichas aportaciones, la Administración elaboró un nuevo borrador en el que se incorporan las observaciones admitidas, indicando igualmente los motivos de aceptación, aceptación parcial o rechazo del resto de propuestas formuladas.
En el caso de las observaciones presentadas por IGC, la Administración informó de la aceptación de una parte importante de las cuestiones planteadas, ya fuera mediante su incorporación directa al texto, adaptación de la redacción, aclaraciones técnicas o aceptación parcial de las propuestas realizadas.
Las observaciones presentadas por esta asociación tenían como finalidad principal reforzar la seguridad jurídica de la futura norma y garantizar una mayor protección para el personal de la Guardia Civil.
Asimismo, la Administración comunicó la apertura de un nuevo plazo para la presentación de nuevas observaciones al borrador.
El futuro Real Decreto pretende regular los supuestos en los que personal de la Guardia Civil resulte lesionado física o psicológicamente, o sufra daños patrimoniales durante una intervención, en acto de servicio o por su pertenencia al Cuerpo, cuando la persona condenada judicialmente no pueda hacer frente al pago de la indemnización al haber sido declarada insolvente.
Del mismo modo, el texto también regula los procedimientos mediante los cuales la propia Administración podrá exigir responsabilidad económica al personal de la Guardia Civil por los daños ocasionados sobre material oficial cuando considere que ha existido dolo, culpa o negligencia grave.
Durante la sesión, varias de las propuestas planteadas por IGC quedaron pendientes de aclaración y debate técnico en el seno del Grupo de Trabajo. Desde la Administración se insistió en la voluntad de alcanzar un texto lo más consensuado posible, lo que evidencia que el borrador continúa abierto y que todavía existe margen para mejorar de forma sustancial la protección del personal de la Guardia Civil.
Desde IGC se incidió especialmente en la necesidad de garantizar que ningún integrante de la Guardia Civil sufra perjuicios económicos como consecuencia directa del servicio, defendiendo una regulación que refuerce de manera efectiva el principio de indemnidad y la seguridad jurídica del personal afectado.
IGC continuará trabajando para que este futuro Real Decreto garantice una protección real, efectiva y equilibrada para todo el personal de la Guardia Civil que, como consecuencia del servicio, sufra daños personales, psicológicos o patrimoniales.
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Madrid, 25 de junio de 2026
