En las últimas semanas se han conocido distintos pronunciamientos judiciales impulsados por diversas asociaciones profesionales de la Guardia Civil en relación con el abono íntegro de las pagas extraordinarias.
Desde Independientes de la Guardia Civil (IGC) queremos informar de que también nosotros iniciamos en su momento diversas reclamaciones en vía administrativa, agotando esta y encontrándose actualmente en fase de resolución judicial. Nuestro objetivo es el mismo que el del resto de organizaciones: conseguir el reconocimiento del derecho a percibir las pagas extraordinarias con todos los conceptos retributivos que correspondan legalmente.
No obstante, consideramos importante trasladar un mensaje de prudencia. Aunque se han conocido resoluciones favorables parcialmente en algunos de estos procedimientos, también queremos dejar constancia de que existen resoluciones judiciales desfavorables, por lo que el criterio de los tribunales todavía no puede considerarse consolidado. Además, muchas de estas resoluciones no son firmes y podrán ser objeto de recurso.
Por ello, desde IGC entendemos que lo más conveniente es esperar antes de iniciar reclamaciones individuales, hasta que exista una mayor seguridad jurídica sobre el criterio definitivo de los tribunales.
Asimismo, conviene valorar una circunstancia que podría resultar especialmente beneficiosa para el conjunto del colectivo. Si en las reclamaciones que actualmente tenemos pendientes se obtuviera una resolución favorable que reconociera, además de la productividad estructural, el abono íntegro de las pagas extraordinarias, quienes hayan iniciado procedimientos limitados exclusivamente a la productividad podrían beneficiarse igualmente de ese criterio más amplio. En cambio, quienes hayan promovido reclamaciones únicamente centradas en la productividad estructural podrían ver limitado el alcance de su procedimiento a ese único concepto retributivo.
Nuestra intención, si finalmente se obtienen varias sentencias firmes favorables que consoliden este derecho, será instar a la Administración para que proceda al abono de oficio a todos los guardias civiles afectados, evitando así que cada interesado tenga que acudir a la vía judicial para obtener el reconocimiento de un derecho que pudiera quedar plenamente consolidado.
Es importante tener presente que quienes ya hayan iniciado un procedimiento judicial difícilmente podrán beneficiarse de una eventual regularización administrativa de oficio, ya que, una vez abierta la vía judicial, lo habitual es que la Administración espere al pronunciamiento definitivo del órgano judicial en cada procedimiento individual antes de efectuar cualquier pago.
Desde IGC seguiremos defendiendo los intereses de todos los guardias civiles mediante las acciones jurídicas que resulten más eficaces, informando puntualmente de cualquier avance relevante y actuando siempre con responsabilidad, rigor y pensando en el beneficio del conjunto del colectivo.
Nuestro objetivo no es llegar antes, sino conseguir el mejor resultado posible para todos los guardias civiles.
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Madrid, 29 de junio de 2026
