La OEP aprobada en consejo de ministros, agrava aún más la diferencia entre las «dos Españas´´.
Mientras que la oferta de plazas para el Cuerpo Nacional de Policía asciende a 2.906, para la Guardia Civil la realidad es otra bien distinta, con 1.671 plazas de acceso al cuerpo, 420 menos que en 2021.
Esto genera un grave problema en materia de seguridad, sobre todo en la España rural, donde presta servicio la mayoría de Guardias Civiles, realizando infinidad de patrullas unipersonales, constatando que con estas políticas se hace aún más difícil el arraigo de los Guardias Civiles y que no sirven para fijar ni incrementar población en estas zonas.
Además, la discriminación en el número de plazas entre un cuerpo y otro, no es algo nuevo, por lo que el envejecimiento de la plantilla en la guardia civil es ya una realidad. Desde el año 2015, en plena crisis, cuando se convocaron 820 vacantes, no se publican tan pocas plazas.
En IGC denunciamos que no llega a cubrirse «ni de lejos´´ la tasa de reposición desde hace varios años, pasando a la reserva muchos más agentes de los que se incorporan, por lo que se está condenando tanto a una mayor inseguridad, como un perjuicio para la movilidad y aspiraciones profesionales de los agentes, ya que esto afecta directamente a la promoción interna y conciliación familiar de toda la plantilla.
No entendemos como en cuerpos policiales tanto autonómicos como locales, estas cifras aumentan hasta un 125% respecto al año anterior. Una vez más los Guardias Civiles somos el «patito feo´´ de la administración general, condenando no solo a los agentes del cuerpo policial, sino a la población donde prestan servicio, casi el 80 % del territorio nacional.
Desde Independientes de la Guardia Civil, solicitaremos aclaraciones por la discriminación frente al resto de cuerpos policiales, así como transmitir nuestro malestar, ante el asfixiante número de plazas y decadencia en la renovación de personal, ya que prácticamente todas las unidades del cuerpo llevan años con las plantillas bajo mínimos, en detrimento de la seguridad de todos.
En Sede Central, a 25 de mayo de 2022
