Las organizaciones profesionales de la Guardia Civil han alcanzado un consenso unánime para rechazar el borrador del Real Decreto de Destinos, y Orden Ministerial de Clasificación de destinos, denunciando la ausencia de un diálogo efectivo ante la manifiesta precipitación con la que se han tramitado las modificaciones de calado en los textos.
Las asociaciones firmantes critican la ausencia de tiempo para un análisis profundo de unas normas de tal calado, que se encaminan de forma acelerada a la Comisión de Normativa para su posterior debate definitivo en el Pleno del Consejo. Tras un estudio conjunto, se ha dejado constancia de que este proyecto ignora la realidad socioeconómica de los territorios y compromete gravemente el derecho al arraigo y a la conciliación de los trabajadores.
El documento de observaciones conjuntas rechaza cualquier tipo de retroactividad que perjudique a los guardias civiles. Entre las propuestas clave de las asociaciones destaca la sustitución del modelo «progresivo» de la Administración, por un modelo de cálculo lineal (2 raños por cada 1 de servicio).
De no actuar así, la posesión de un derecho preferente carecería de efectos reales si no se complementa con una amplia antigüedad. Esto se debe a que el elevado número de personas con derecho preferente absoluto saturaría el sistema, obligándolas a competir entre sí y convirtiendo los años de servicio en el único factor determinante.
La Administración quiere cubrir con derechos preferentes lo que debe pagar con dinero. Esto supone que seamos el conjunto de guardias civiles quienes tengamos que asumir el coste, pues lo pagamos perdiendo nuestra antigüedad frente a quienes adquieran el derecho preferente, por lo que no podemos permitir que la Administración haga un uso abusivo de esta herramienta.
La problemática de las zonas tensionadas y de difícil ocupación deben abordarse no solo mediante el establecimiento de derecho preferente ponderado, generando expectativas para un futuro destino, sino mediante un plan integral que también incorpore mejoras económicas que permitan afrontar el precio de la vivienda y nivel de vida, incremento de vacaciones y permisos, etc.
Además, se reclama con urgencia la declaración de Zona de Especial Singularidad (ZES) para territorios tensionados como Baleares y la zona del Estrecho, donde el déficit de plantilla es estructural.
Por otro lado, las asociaciones dicen basta al constante incremento de puestos de trabajo de libre designación, incluso de concurso de méritos en detrimento de la antigüedad en puestos de trabajo en los que no se requieren conocimientos o cualificaciones adicionales a las genéricas, así como se muestra una oposición total a la limitación de permanencia en destino, que choca frontalmente con el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar.
ASOCIACIONES PROFESIONALES DE LA GUARDIA CIVIL EN UNIDAD DE ACCION
COMUNICADO DESTINOS UNIDAD DE ACCIÓN
