NOTA DE PRENSA CONJUNTA – IGC y ASP
El Gobierno de España, a través de su Ministerio de Sanidad, continúa maltratando a las FFCCS al haber sacado de los escenarios de Exposición de riesgo a Policías y Guardias Civiles.
Hace varias semanas nuestras organizaciones vienen realizando diversas solicitudes y escritos antes las Direcciones Generales de Policía y Guardia Civil, así como ante las Subdirecciones de Recursos Humanos y las Areas de Riesgos Laborales, ante las Comandancias y Jefaturas Superiores.
En la mayoría de las ocasiones, no se molestan ni en contestar, salvo honrosas excepciones, si bien en algunas ocasiones nuestras peticiones son atendidas, pero obviando informar a estas organizaciones.
Podemos comprender que no puedan contestarnos oficialmente, siempre que se adopten las medidas oportunas para garantizar la salud de los compañeros que estamos en la calle.
Lo que no podemos comprender es que aparte de no contestar, no se adopte ninguna medida preventiva o que garantice nuestra salud e integridad
Por eso desde nuestras organizaciones queremos expresar nuestra más enérgica protesta ante la decisión adoptada por el Ministerio de Sanidad, de su Secretaría de Sanidad y coordinada por la Dirección General de Salud ¨PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2¨ de 08 de marzo de 2020; en el que ya se nos excluye de los escenarios de riesgo, no es que no atendiesen nuestras solicitudes de situarnos en Riesgo de Exposición ALTA, es que directamente nos han sacado de las Tablas de riesgo de Exposición, en esta ocasión no han contado con el apoyo ni de UGT ni CCOO para elaborar semejante documento.
Consideramos que con esto se demuestra nuevamente que mediante hechos seguimos siendo un gasto SUPÉRFLUO para este gobierno.
Solicitamos que de manera inmediata se modifique el citado ¨escrito¨ y se considere a FFCCS con riesgo de exposición ALTO.
Del mismo modo estas organizaciones se reservan el derecho de emprender cuantas acciones legales sean necesarias contra las personas o instituciones que pongan en riesgo la salud de los ciudadanos y nuestros compañeros.
