El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo n.º 2 en Procedimiento Abreviado número 97/19, ha acordado la admisión a trámite de la demanda presentada por la organización profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC), contra la decisión del Ministro de Interior por la que delegaba en el Director General de la Guardia Civil la potestad para destinar por necesidades del servicio a los recién nombrados Sargentos de la última promoción, sin ofrecer previamente las vacantes a los Sargentos más veteranos que hubieran cumplido el plazo de mínima permanencia en su destino.
Será el 20 de febrero de 2020 cuando se celebre la vista, si no se acumulan otras demandas interpuestas o a interponer por otras asociaciones profesionales.
El Juzgado Central tiene por solicitada la prueba requerida por IGC, para que la Administración pruebe que ofreció las vacantes a los Sargentos más veteranos, o en su defecto que reconozca que las vacantes se han ido produciendo desde la última convocatoria, y que las mismas no han sido ofrecidas en el presente año a los más antiguos, incurriendo por ello en arbitrariedad, discriminación y vulnerando la legalidad al no cumplir con la propia ley de personal de la Guardia Civil que así lo exige.
Independientes de la Guardia Civil (IGC) también cuestiona la competencia del Director General para ordenar destinos por necesidades del servicio por delegación del Ministro, ya que las Ordenes Ministeriales en las que se ampara, referencian a Reales Decretos derogados y por ello debe aplicarse la ley directamente,que atribuye la competencia exclusivamente al Ministro de Interior.
Si la demanda es aceptada, ello debería tener efectos sobre los actuales destinos, ya ocupados por los nuevos Sargentos, y podría tener consecuencias económicas además de jurídicas. Pero lo más acuciante para Independientes de la Guardia Civil (IGC) es que si la demanda prospera será un descrédito para la actual Administración del Gobierno, pues quedaría acreditado que actuó arbitrariamente sin someterse al imperio de la ley, y ello sin duda menoscaba los principios del Estado social y democrático de derecho, y en contra de la voluntad de los guardias civiles y de sus asociaciones profesionales.
Por otra parte si la demanda prospera, por incumplirse de plano la ley de personal de la Guardia Civil, serán las familias de los Sargentos destinados, que tuvieron que pedir destino obligatoriamente, los que sufrirán las consecuencias, al ser removidos los funcionarios de sus actuales destinos. Lo que conllevaría indemnizaciones, apostilla IGC.
En la sede central a 16 de septiembre de 2019
