Independientes de la Guardia Civil (IGC), lamenta que no se actúe de acuerdo con la legalidad, que no se ajusten y motiven las decisiones en el ordenamiento jurídico, ni tampoco se informe a los afectados, ni a sus asociaciones profesionales, para cumplir con el trámite de audiencia y permitirle alegaciones.
La decisión fue tomada por el Teniente General Jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil el pasado mes de noviembre y ha sido ratificada por el Director General de la Guardia Civil, que justifica el cambio de residencia provisional de un asociado de IGC, entre otros, del Puesto de Cañaveras al Puesto de Priego, en la provincia de Cuenca.
La resolución no se ha motivado en hechos, que puedan permitir a las autoridades competentes adoptar una resolución de tal tipo que obliga a 6 guardias civiles a desplazarse 22 kilómetros para prestar servicio conjunto en otra unidad de seguridad ciudadana, sin que se les haya comunicado oficialmente por escrito los motivos fundados en hechos y en derecho, para justificar la necesidad de esa decisión, y sin que se les haya dado un trámite de alegaciones para poder defender sus intereses o contradecir los de la Administración.
Al parecer, los motivos se justificarían en el estado ruinoso del cuartel, al menos verbalmente eso les comentó el Jefe de la Compañía de la Guardia Civil, pero en su resolución el Director General no fundamenta la decisión en esos motivos, ni reconoce al guardia civil la posibilidad de pedir con carácter preferente un nuevo destino en la provincia.
Para la organización profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC), que asesora y defiende los intereses de sus asociados en esa Unidad de Seguridad Ciudadana, amén de ser la resolución arbitraria por no estar motivada en hechos y fundamentos de derecho, causa indefensión en los afectados por no poder conocer los verdaderos motivos, que en todo caso deberían estar fundados en informes periciales. Tampoco se hace saber el tiempo que durará esta situación, ni si por ello les corresponde algún derecho indemnizatorio por desplazarse, cada día, 22 kilómetros para iniciar el servicio, con lo que además de perder dinero, también tienen que iniciarlo antes y terminarlo después para regresar a Cañaveras.
El guardia civil asesorado por esta asociación, ha recurrido a la Secretaria de Estado de Seguridad en alzada, y ha alegado fraude de ley, infracción al ordenamiento jurídico, indefensión, y arbitrariedad en la decisión del órgano dependiente de la Dirección General de la Guardia Civil.
Independientes de la Guardia Civil (IGC), organización profesional representativa en el Consejo de la Guardia Civil, considera el hecho sumamente peligroso para los intereses de los guardias civiles, porque bajo un supuesto amparo legal se traslada a toda una unidad a otra, a prestar servicio conjuntamente, sorteando cualquier derecho profesional de los agentes, y puede marcar un precedente para sucesivos cierres de cuarteles previstos en la próxima reestructuración de la Guardia Civil, sin que los agentes puedan hacer valer sus derechos profesionales.
Esta organización profesional, también considera inapropiada la forma de adoptar sus resoluciones la Dirección General, sin comunicar a las asociaciones profesionales sus intenciones, y los motivos, además de no hacerlo a los directamente perjudicados para ser previamente escuchados, y nos traslada a tiempos pretéritos, del ordeno y mando, donde se decía a los guardias civiles que como militares no tenían derecho ni a preguntar, solo a obedecer.
IGC considera que la Dirección General debe poner remedio a la situación de una forma ajustada a derecho, escuchando a los afectados y a sus organizaciones profesionales.
