Desde que en la mitad de la década de los años 80 surgió un movimiento en el seno de la Guardia Civil para reivindicar el cumplimiento de los derechos fundamentales de la Constitución, sin perjuicio de las limitaciones que fueran necesarias para garantizar la seguridad nacional y el orden público, muchos fueron los guardias civiles que sufrieron cárceles y calabozos militares, hasta que los procedimientos se sobreseyeron o se obtuvieron sentencias en el Tribunal Constitucional y Supremo e incluso en Tribunales Militares que reconocieron vulneraciones de la práctica totalidad de derechos humanos a la Guardia Civil, sin que pudiera justificarse por su naturaleza militar.
Aquellas sentencias ponían coto a la vulneración de los derechos humanos por parte de los legisladores y gobernantes, pero no fue hasta el año 2007 cuando entraron en vigor leyes para la protección de estos derechos en el ámbito de la Guardia Civil.
La mayoría de aquellos que lucharon, terminaron jubilados tempranamente por su incompatibilidad moral con el sistema que regía la Guardia Civil. Otros pudieron reingresar por sentencia del Tribunal Constitucional, caso del actual presidente de Independientes de la Guardia Civil (IGC), al que se le atribuyó sin embargo el liderazgo de la organización por medios como el diario El País. Por contra, otros guardias civiles, incluso pioneros de ese movimiento, no pudieron reingresar, simplemente porque no acertaron en su defensa jurídica ante los Tribunales, pues en definitiva no querían otra cosa que no fuera el respeto de los derechos fundamentales y primordialmente el derecho a coaligarse o asociarse, bajo cualquier forma jurídica que colmara esa obligación constitucional.
Entre aquellos que jamás consiguieron el reingreso, se cuenta con el más destacado y conocido en el momento de más auge del movimiento democrático, quien de forma pública denunciaba esa situación, el conocido como Cabo Rosa, que no era sino que el Cabo 1º sevillano Manuel Rosa Recuerda.
El también conocido Sargento 1º castellonense José Morata Gargallo, que fue expulsado tras conseguir el registro de la asociación cultural conocida como Coordinadora Pro Perjudicados por la gestión de Luis Roldán (ex Director General de la Guardia Civil) con las siglas COPROPER, que posteriormente pasaría a denominarse AUGC.
El guardia civil de Vigo, José Piñeiro Gónzalez, que fue el primer presidente de COPROPER, y que promovía el en Navarra, creando un núcleo de agentes de lo más numeroso en esta Comunidad Foral, estando coordinado a nivel nacional.
Otros hubo que también destacados, ya han fallecido, caso de Manuel Linde Falero, de Badajoz, que coordinaba el movimiento democrático a finales de los años ochenta en La Rioja.
Desde siempre por nuestra organización Independientes de la Guardia Civil (IGC), se ha solicitado públicamente que se removieran todos los obstáculos legales o reglamentarios que impidieran la reincorporación al servicio activo de estos guardias civiles. Hoy debido a la edad, solo podrían estar en la situación de retirados o reserva, y a lo más que podrían aspirar es a un reconocimiento de su antigüedad, ascenso al empleo que les correspondiera, y a una indemnización en cualquier caso pactada con la Administración, mas el reconocimiento público de su compañeros, los de ahora, que eran niños o aún no habían nacido cuando ellos se sacrificaban y sufrían por los derechos que ahora se respetan en la Guardia Civil, aunque con unas limitaciones que en algunos casos ahogan.
Resulta extraño que sea el antiguo presidente del clandestino sindicato SUGC, hoy presidente nacional de IGC y Sargento en Activo, que tras ser expulsado, no una, sino dos veces de la Guardia Civil, fue reingresado por sendas sentencias de los más altos Tribunales españoles, que sea éste quien se ponga de ejemplo para demostrar que si lo que hizo él, no era constitutivo de infracción, tampoco la cometieron sus contemporáneos compañeros de lucha por los derechos humanos.
Es por todo que pedimos al actual gobierno que concilie a esos guardias civiles con la Guardia Civil actual y les rehabilite en todos sus derechos antes de las próximas elecciones, lo que sin duda se vería como un gesto de honestidad que agradecer.
