Independientes de la Guardia Civil (IGC), la asociación profesional de guardias civiles que se querelló contra los 602 inmigrantes que el pasado 26 de julio de 2018 a las 6:30 horas asaltaron la valla fronteriza de Ceuta, causando graves heridas a nueve guardias civiles a consecuencia principalmente de las quemaduras ocasionadas por cal viva, ha quedado satisfecha con la petición de acusación formulada.
La Fiscalía aprecia el delito de atentado por grupo organizado, y pide hasta 8 años de prisión a los causantes, concretamente a 9 de los inmigrantes.
IGC logró personarse como acusación popular formulando una querella y solicitando el ingreso en prisión preventiva para todos ellos, aunque solo fueron encarcelados los cabecillas y fueron puestos en libertad en poco tiempo con la obligación de presentarse ante el juzgado, dando garantía de su paradero para ser juzgados.
Para Independientes de la Guardia Civil (IGC), la acusación formulada por la Fiscalía y la acusación popular ejercida por la asociación han dado su resultado tras el atestado realizado por la propia Guardia Civil, marcando un precedente para aquellos que quieran entrar por la fuerza atentando contra los agentes, de tal modo que sepan que no conseguirán su objetivo y serán condenados por ello.
No obstante, falta saber llegado el momento, si los presuntos autores del atentado, organizados en grupo criminal, se pondrán a disposición de la justicia ante el juicio que les espera, y si cumplirán la condena en caso que recaiga contra ellos, en sentencia. Respecto a la responsabilidad civil por los daños causados en el patrimonio del Estado y en los cuerpos de los guardias civiles, es prácticamente seguro que no podrán hacerse cargo de los mismos, a no ser que organizaciones no gubernativas se hagan cargo.
Desde IGC lamentamos cualquier invasión de nuestras fronteras, además de forma violenta contra los guardias civiles, alegrándonos de que los presuntos autores no queden impunes al poner en riesgo la integridad física e incluso la vida de las fuerzas de seguridad.
En IGC consideramos necesarias medidas preventivas contra estos actos y el apoyo internacional en cualquier caso, para compatibilizar la asistencia a personas necesitadas de asilo político, con la inmigración económica irregular que quebrante el ordenamiento jurídico internacional y que pone en riesgo la seguridad del Estado y su soberanía territorial.
