El presidente de los Independientes de la Guardia Civil (IGC) ofrece al Gobierno Vasco interlocución para el reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Como consecuencia de informaciones aparecidas el mes pasado en algún medio de comunicación sobre supuestas conversaciones entre Gobierno vasco y del Estado sobre el despliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado, la organización profesional de los Independientes de la Guardia Civil (IGC) hizo observación de la obligación legal de ser informados y oídos los guardias civiles sobre cualquier cuestión profesional que les afecte, a través de las entidades que las representan.
Tras la oferta y reiteración de respuesta se dio literalmente la siguiente:
Estimado sr. Parra:
El pasado 9 de agosto, reiterado el 1 de septiembre, se recibió en este Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco mediante correo electrónico, el escrito remitido por usted en calidad de Presidente de Independientes de la Guardia Civil (IGC), en el cual se solicita una entrevista con responsables de este Departamento, con el objetivo de abordar diversas cuestiones relativas al desarrollo funcional del colectivo de la Guardia Civil que presta sus servicios en Euskadi. En este sentido, hay que considerar que todas estas cuestiones expuestas en su solicitud corresponden al ámbito competencial del Ministerio de Interior del Gobierno de España, y por lo tanto también corresponde a éste su análisis y consideración.
Agradeciendo su confianza, reciba un cordial saludo.
Directora del Gabinete de la Consejera de Seguridad
Recibida esta respuesta de la persona dependiente del Gobierno Vasco, por el presidente de los Independientes de la Guardia Civil (IGC) se le ha hecho la oferta de interlocución sobre la aplicación de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La conocida ley de abusos policiales, no es tal, en el sentido de violencia surgida en el ámbito del funcionamiento de las Fuerzas de Seguridad, sino que los propios guardias civiles residiendo en el País Vasco en ese momento, pueden ser víctimas de violación de derechos humanos por parte de quienes les apedreaban, golpeaban, acosaban, y atemorizaban, tanto a ellos como a sus familias, y ello en el contexto de la motivación política, relacionada con la actividad terrorista y de aquellos que la promovían.
Esos posibles guardias civiles y familiares afectados por esta violencia, residentes en el País Vasco, no han sido judicial ni administrativamente declaradas víctimas del terrorismo, por no sufrir directamente un atentado, pero si sufrieron conculcación de derechos fundamentales, por su condición social y por representar al Estado en la lucha contra el terrorismo, dándose por tanto la condición de “motivación política”.
Los Independientes de la Guardia Civil (IGC), también considera importante para esclarecer los hechos tanto en el ámbito de la Guardia Civil como de la ciudadanía vasca en general, aún de la ideología política de cada cual, los testimonios que puedan aportar en un caso u otro, porque pudieron ser testigos de hechos, tanto dentro o fuera de los acuartelamientos.
El presidente de los Independientes de la Guardia Civil (IGC), considera bueno esclarecer en todos los ámbitos, los hechos o circunstancias sociales que llevaron a gestar una organización terrorista, y sus apoyos sociales, hasta el punto de aceptar el asesinato contra sus semejantes, como forma coercitiva de consecución de sus objetivos políticos, justificándolos.
Al tiempo no considera inconveniente que se indague sobre las actuaciones de determinadas personas, dentro o fuera de la Administración, que supuestamente conculcando los derechos fundamentales, alimentaran los sentimientos espurios contra los guardias civiles y sus familias, generando odio.
Todo ello bajo la inexcusable premisa del sometimiento de las investigaciones, procedimientos, y resoluciones al ordenamiento jurídico, y al respeto de los propios derechos fundamentales de los investigados sobre los que se iniciaran estos procedimientos.
Es por eso que el rigor y la buena fe deben ser principios observados en estas investigaciones administrativas, a resultas de las cuales se pueda decidir el pago de una indemnización para esas víctimas.
No obstante no puede olvidarse lo sumamente importante que es para las víctimas del terrorismo el esclarecimiento de los atentados aún no resueltos después de varias décadas desde la ocurrencia del hecho, y por tanto habiendo prescrito algunos, debería ser obligación moral de sus asesinos, confesar los hechos, para lo que sería buena cualquier colaboración institucional o social.
