Ante el conocimiento reciente, a través de Ok Diario, de que el Gobierno del Estado y el de la Comunidad Autónoma del País Vasco coinciden en la necesidad de reducir los efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado en ese ámbito territorial, la asociación profesional INDEPENDIENTES DE LA GUARDIA CIVIL (IGC) se ve en la obligación de intervenir en la implementación de cualquier plan de reducción de efectivos, en tanto en cuanto afecte a los intereses profesionales, sociales o económicos de los guardias civiles.
Partiendo del hecho de que Independientes de la Guardia Civil (IGC) es una asociación que se mantiene al margen de grupos o influencias políticas, no por ello deja de ser una organización que desde la neutralidad y respeto absoluto a las decisiones de los Poderes Públicos, puede y debe intervenir con carácter previo, en cualquier proceso de toma de decisiones que pueda afectar a los guardias civiles como profesionales de la función pública de la seguridad de las personas, en su ámbito competencial y territorial donde preste su servicio.
Dicho esto a modo de introducción para justificar la intromisión legítima en ese proceso de adaptación de la plantilla de la Guardia Civil, a sus actuales competencias en el País Vasco, y dando por sentado que la lucha contra el terrorismo de ETA se centra en la actualidad en la resolución de atentados terroristas de los que todavía no se conoce a los autores, y en vigilar las amenazas potenciales que sobre este concreto terrorismo puedan surgir, no se ha de obviar, sin perjuicio de comparaciones con otras Comunidades con Policías Autonómicas integrales, que la reducción de la jornada de trabajo de los guardias civiles a niveles comparables al resto de funcionarios, pues antes trabajaban más horas, y no se les compensaban con descansos, los servicios nocturnos y los prestados en días festivos, hace necesario tener más fuerza en revista para prestar el mismo servicio que antes prestaba en peores condiciones de trabajo.
Por otra parte la Guardia Civil sigue en el País Vasco, acuartelada, entendiendo este concepto como que son aún muchos los guardias civiles que viven con sus familias en casas cuartel separadas y protegidas del resto de inmuebles de las ciudades donde tienen su sede, lo que obliga a mantener servicios de seguridad, para las viviendas también, al tiempo que se disponen de servicios de autogestión para el bienestar de los residentes, lo que también requiere de una plantilla fija que lo desempeñe.
Siendo el País Vasco territorialmente una Comunidad Autónoma pequeña, es una Comunidad fronteriza y costera, con afluencia de cercancías y personas por sus puestos y aeropuertos, además de requerirse la vigilancia y control del mar territorial que la circunda en su zona norte más extensa. Su orografía, su división en tres provincias, requieren de un número obligado de efectivos, aún tan sólo para prestar
sus funciones, aunque se excluyan en su totalidad las funciones de seguridad ciudadana y vial, lo cierto es que sus competencias requieren de un despliegue y adaptación al medio donde presta el servicio, mediante su continua presencia.
La Guardia Civil hoy día en el País Vasco, si excluimos su función de policía judicial por delitos que transcienden del ámbito del País Vasco, o que por consecuencia de delitos cometidos fuera del ámbito territorial de esa Comunidad y de estar los grupos organizados asentados en la misma, requieren de investigaciones, se limita a lo que hace 70 años era el Cuerpo nacional de Carabineros, que se integró tras la Guerra Civil en la Guardia Civil, y que hoy se conoce como el Servicio Fiscal y Fronteras de este Cuerpo de Policía. Sin entrar en detalles, y a lo que interesa a los guardias civiles en el específico ámbito de derechos profesionales, sociales y económicos, es evidente que a la Institución de la Guardia Civil en su conjunto y a los guardias civiles individualmente, no se le ha hecho ningún reconocimiento público, o desde nuestro punto de vista, lo suficientemente específico y claro por su contribución esencial en la lucha antiterrorista, que ha supuesto la liberación de los ciudadanos vascos de esa amenaza que tantas muertes, mutilaciones, sufrimiento y freno económico han ocasionado a todos. Un reconocimiento público de la sociedad vasca que libremente así lo quiera, y de sus Instituciones, no sería desde luego, a estas alturas, contraproducente, sino más bien es un deber moral y ético.
La Guardia Civil no puede a estas alturas considerarse una fuerza de seguridad ajena a la sociedad vasca, y es deber institucional y constitucional promover la integridad social de los agentes y sus familias, algunos vascos de origen, en la propia sociedad de la que forman parte. Y por tal motivo sería razonable promover acciones en este sentido, abriendo al conocimiento público la faceta humana e incluso
profesional de los guardias civiles y sus familias, desterrando paradigmas, mitos, y leyendas, con la normalidad más absoluta, por cuanto son sociedad vasca, al tiempo que lo son española.
Por tanto, cualquier racionalización de servicios y personal de la Guardia Civil debe pasar, por imperativo de ley orgánica, por la participación de las asociaciones profesionales de estos funcionarios, en todo lo que les afecte profesional, social o económicamente, y requiriendo de todas las Instituciones la colaboración necesaria.
Por tal motivo, Independientes de la Guardia Civil (IGC) en tanto es una asociación profesional representativa de la Guardia Civil, va a efectuar solicitud al Gobierno Vasco para iniciar las relaciones institucionales que faciliten el conocimiento de aquellas decisiones de los Poderes Públicos, que puedan afectar a los intereses de los guardias civiles y sus familias, al tiempo que se hacen oír sobre sus específicos intereses profesionales, sociales y económicos.
