La tensión política en Cataluña está llegando a situaciones insoportables e impensables en una sociedad democrática.
La sociedad está separándose en base a su ideología política y esta, a su vez, está separando familias, amistades e incluso sociedades.
Los miembros de la Guardia Civil destinados en esta zona no son ajenos a esta situación política y en su día a día, sufren en absoluto silencio, las situaciones que la tensión política está creando. Desde el referéndum ilegal del 01 de Octubre hasta la fecha, los miembros del cuerpo destinados o comisionados en Cataluña, sufren un acoso y presión enormes y nadie se hace eco de esta situación.
Muchos guardias civiles se han visto obligados a trasladar a sus familias a otras regiones del territorio español o cambiar a sus hijos de colegios públicos a privados, con el consecuente e importante gasto económico, al observar como los menores sufrían acoso escolar por parte de los responsables de su propia educación y además con total impunidad, simplemente por ser hijos de Guardia Civiles.
Numerosas esposas han tenido que dejar sus puestos de trabajo y marcharse con sus hijos fuera de sus localidades de residencia. Las que no han hecho las maletas, en ocasiones han tenido que abandonar sus ocupaciones por el acoso recibido y ahora no encuentran donde conseguir empleo al conocerse la profesión de su cónyuge.
Por si esto fuera poco, los guardias civiles que durante años han estado viviendo en esta región, ven como sus amistades personales y familiares, mantienen ciertas distancias en sus relaciones en presencia de personas con ideologías políticas diferentes, por el simple hecho de su profesión, lo que afecta considerablemente a su conciliación familiar.
Algunos compañeros, incluso han visto como sus vehículos son blancos de las ideologías mas radicales, siendo dañados considerablemente. Los propios compañeros de profesión pertenecientes al Cuerpo de Mossos de Esquadra, intentan no mantener relación con los guardias civiles y sus allegados y, los pocos que lo hacen, son señalados por sus propios compañeros e incluso acosados por los mandos de estos.
El sueldo de un guardia civil destinado en Cataluña ronda los 1400 euros. A este bajo salario, se le añade el pago de alquileres, en muchas ocasiones son engrosados por los propios arrendatarios por el simple hecho de ser el inquilino miembro de la Guardia Civil, sumado a que en muchos casos sus parejas no obtienen trabajo o lo pierden cuando se conoce la profesión de su marido, hace que los miembros de la Guardia Civil destinados en Cataluña estén en una situación clara de abandono de las Instituciones Públicas. Además como se mencionaba antes, ahora hay que sumar el pago de colegios privados de sus hijos ante la imposibilidad de que los mismos puedan estudiar en centros públicos.
Además de todo lo expuesto, se suma que los responsables de la Institución de la Guardia Civil en la zona de Cataluña, ponen todo tipo de trabas para que los guardias civiles no abandonen sus destinos, aún de forma temporal, siendo informados negativamente las solicitudes de asistencia a cursos de perfeccionamiento o comisiones, lo que imposibilita y dificulta su formación profesional si están destinados en esta Zona de Cataluña en desigualdad con otros miembros de diferentes Zonas del territorio español.
Dichas circunstancias están creando un quebranto a las relaciones sociales, personales, familiares y profesionales de nuestros compañeros destinados en Cataluña, viéndose obligados a solicitar destino en otras regiones del territorio.
IGC (Independientes de la Guardia Civil), asociación de la Guardia Civil que persigue que nuestros compañeros puedan disfrutar de una estabilidad personal, familiar y profesional, ve como una posible solución ante las dificultades anteriormente expuestas, que el Gobierno estipulase una partida económica para los miembros de la Guardia Civil destinados en Cataluña, similar a la recibida por los agentes destinados en el País Vasco, así como la acumulación de tiempos de servicio en esta zona como derecho preferente para adquirir plazas en otras zonas del territorio español o un aumento del crédito de vacaciones anuales como medidas que compensen de alguna forma las penalidades sufridas tanto ellos como sus familias.
Madrid, a 17 de mayo de 2018
