Unos 400 guardias civiles destinados en el Aeropuerto de El Prat de Barcelona, en funciones de aduana y seguridad, no han recibido en su nómina del mes de marzo de 2018 el pago de un complemento por horas nocturnas y festivas conocido como ICRES.
Aunque las cantidades por estos conceptos en la Guardia Civil se retribuyen, tal y como denuncian desde IGC, “de forma pírrica” -una media de 50 euros al mes para cada uno de los guardias civiles-, se han quedado en las arcas del Tesoro alrededor de 20.000 euros sólo en el mes de marzo, por lo que “parece que ha sido un problema de no comprobación del sistema informático por parte de sus superiores y el personal de la oficina”.
Los guardias civiles afiliados a IGC no han recibido una explicación oficial y por tanto, no se les ha garantizado que lo vayan a cobrar el próximo mes, ni que el problema no vaya a seguir sucediéndose mes tras mes.
Tampoco se han depurado responsabilidades ni se tiene constancia de que el problema haya quedado solventado.
Independientes de la Guardia Civil, lamenta que “los problemas que esta falta de liberación del dinero por parte del Ministerio del Interior provoca en los agentes no haya tenido una respuesta rápida para ingresar ese dinero antes de la finalización del mes”.
El Gobierno, afirman, “demuestra de esta manera que es un mal pagador y que no pone todos sus medios ni tiene voluntad de solucionar con prontitud los problemas de los agentes, por lo que los guardias civiles siguen dudando de la credibilidad del compromiso de subida salarial, que no equiparación”, suscrito mediante un acuerdo por todas las asociaciones y sindicatos de Policía representativos, a excepción de la propia IGC y del sindicato policial Alternativa Sindical de Policía (ASP).
Estas organizaciones representativas en sendos Consejos de la Guardia Civil y de la Policía fueron excluidas por el secretario de Estado de Seguridad de las negociaciones de ese acuerdo, antes de su finalización, porque adelantaron que no lo iban a suscribir, por lo que interpusieron una demanda de protección de derechos fundamentales ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo por la presunta vulneración del derecho de asociación, sindicación en el caso de la Policía Nacional, por infracción del derecho a la igualdad ante la ley y del derecho a participar en los asuntos sociales y económicos que le afectan.
Fuente: LA GACETA
