Independientes de la Guardia Civil (IGC) favorable a que se investiguen las actuaciones de activistas pro independencia, en el caso que pudieran constituir delitos

La organización profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC), lamenta que catalanes de diferente ideología se enfrenten en público o en privado poniendo en riesgo su propia integridad física o su libertad.

Que ciertos grupos se organicen para ejercer su derecho a la libertad de expresión, opinión y reunión, eligiendo lugares públicos frente a la jefatura de la Guardia Civil de Cataluña, por cuanto ha sido el Cuerpo de Policía del Estado instructor de las diligencias para atajar hechos que pudieran poner en riesgo la integridad territorial del Estado, o pudieran constituir serias amenazas a la seguridad nacional y el orden público, puede ser hasta un honor, si no fuera porque ello tiene efectos negativos en la moral de los agentes, y aún peor para sus
familiares, cuando viven en las mismas instalaciones.

Independientes de la Guardia Civil (IGC) rechaza cualquier forma de expresión que sea utilizada para menoscabar la moral de los  funcionarios públicos y considera necesario investigar y atajar cualquier tipo de amenaza o coacción contra los miembros de la Institución,
por lo que sería bueno que los Servicios de Información, la Policía Judicial, con el apoyo de los grupos de Reserva y Seguridad GRS de la Guardia Civil, junto con el Cuerpo de los Mossos d´Escuadra, obtengan las pruebas necesarias contra los autores de esos hechos, si se hubieran producido o se van a producir, más si están organizados, para que con ello sufran las consecuencias, y ello les hiciera desistir de la utilización de esas formas ilícitas para consecución de sus fines.

La Guardia Civil necesita el apoyo de esa mayoría de catalanes que les consideran útiles para la paz social en Cataluña, y por ello desde Independientes de la Guardia Civil (IGC) trasladamos nuestro más sincero agradecimiento a todos los ciudadanos catalanes que en
público y en privado rechazan las formas de acoso contra los agentes y sus familias.

Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha constatado a través de sus socios destinados en Cataluña, o de los comisionados en apoyo de los anteriores, que desde los acontecimientos y enfrentamientos sufridos ante la actuación de las Fuerzas de Seguridad para dar cumplimiento a
las órdenes judiciales de impedimento del referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017, han visto sin duda perjudicadas las relaciones sociales con sus convecinos que ven en ellos uno de los obstáculos a salvar para conseguir una hipotética segregación del resto de España. Esto ha supuesto que varios miembros de la Guardia Civil en Cataluña se han visto obligados a trasladar a sus hijos y esposa a otras comunidades del Estado, viéndose éstas obligadas a dejar el trabajo, renunciando los guardias civiles a convivir con la familia cuando trabajan, o en el mejor de los casos se han visto obligados a cambiar a los niños de colegio, e incluso a llevarlos a colegios privados, ocultando la profesión del progenitor, lo que nos traslada a los años en los que imperaba el terrorismo en el País Vasco y Navarra, que finalmente fue derrotado con el uso del ordenamiento jurídico, y con el importante y muy necesario apoyo de la gran mayoría de ciudadanos contrarios a la violencia contra las personas.

Siendo por ello que los guardias civiles han visto agravada su situación económica, añadiendo que la vida en Cataluña, sobre todo en las grandes ciudades, es más cara que otros territorios de la nación.

Es por ello que Independientes de la Guardia Civil (IGC) considera que de acreditarse la relación causa efecto, como consecuencia de la promoción de actos de personas o grupos contra los guardias civiles y sus familias, se estaría en el caso de poder imputar delitos de resultado,
por las consecuencias del posible acoso, que incluso se trasladaría a los colegios en forma de “bullying”, difícil de probar si no se tiene el apoyo de los educadores.

Las consecuencias de estas situaciones afectan por tanto a la conciliación familiar, en incluso a los bienes y propiedades de los guardias civiles, siendo blanco fácil del delito de daños, sus vehículos, negocios familiares y el domicilio familiar.

El aislamiento social, al menos de una parte de la sociedad, supone que las relaciones entre profesionales, con sus compañeros de los Mossos de Esquadra, se reduzcan para evitar éstos, en algún caso, ser igualmente objeto de rechazo social o de otros funcionarios del mismo
Cuerpo favorables a la segregación del Estado.

La recopilación de hechos ilícitos, cuando se produzcan, ante las agresiones a periodistas cuando ejercen su labor informativa, o las agresiones ideológicas por discrepar, los daños a las infraestructuras públicas, serían indicios y pruebas suficientes para emprender acciones contra los responsables de las organizaciones que lo promueven, -sino lo amparan-, pues ello transciende del derecho a discrepar y de expresarse libremente.

Los acontecimientos protagonizados por CDR en Cataluña, sus expresiones publicas en tanto en cuanto puedan ser empleadas para intimidar a terceros, deben ser individualizadas para ser atribuidas a los concretos autores, y seguirse contra ellos, más que expedientes
administrativos, procedimientos judiciales.

Por otra parte para paliar la situación económica de los guardias civiles, por las consecuencias descritas, Independientes de la Guardia Civil (IGC) considera que sería conveniente integrar ya, en los salarios de los guardias civiles desplegados en Cataluña, una productividad por el desempeño de sus funciones en situaciones penosas, para que con ello se palíe esa penuria económica.

Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha recogido relatos de compañeros de Cataluña manifestando que, el arrendador les ha subido la renta del piso para inducirles a que se marchen por su condición de guardia civil.

La promoción profesional de los guardias civiles de Cataluña, se ha visto igualmente dificultada porque cuando solicitan la realización de cursos de especialización, debido a la escasez de personal y la situación de riesgo que se vive en esa Comunidad, son informadas en
sentido negativo porque ello supone dejar sin efectivos las unidades, y su traslado posterior a nuevos destinos.

Si se anuncia alguna comisión de servicio, en cualquier parte del territorio nacional, incluso sin derecho a indemnización, los guardias civiles no pueden abandonar Cataluña para prestar servicio temporalmente fuera de la Comunidad.

Es por ello que Independientes de la Guardia Civil (IGC), organización profesional representativa en el Consejo de la Guardia Civil viene trasladando a los organismos del Ministerio de Interior, la necesidad de prestar un especial apoyo a los guardias civiles de Cataluña, tanto económico como social, para paliar la deteriorada situación que vienen padeciendo desde los últimos años.

En la sede central de IGC, por comunicación de la Delegación de Cataluña, siendo el día 22 de septiembre de 2019.

Autor entrada: IGC Profesional

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