Monthly Archive abril 2018

PorIGC Profesional

IGC SE ADHIERE A LA SOLICITUD DE REINGRESO DE LOS GUARDIAS CIVILES ACUSADOS DE PERTENECER A UN SINDICATO ILEGAL

A mediados de los años ochenta, tras la aprobación de la ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad, la Policía Nacional fue desmilitarizada y legalizados los sindicatos de policía para la defensa de los intereses económicos y sociales de los policías. Por contra, la Guardia Civil permanecía militarizada y privada no sólo del derecho de sindicación sino también del derecho de asociación profesional.

Ante dicha situación, los guardias civiles, que al igual que los policías nacionales se habían coaligado en asociación, en lo que fue llamado como el clandestino Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC), quedaron al margen de reconocimiento legal del derecho constitucional de asociación profesional o del derecho de sindicación para policías y Fuerzas Armadas, reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.

Fue a finales de los años ochenta que el movimiento clandestino, a falta de su reconocimiento legal, buscó formas de constitución bajo el amparo del artículo 22 de la Constitución, que protegía el derecho de asociación a todas las personas, para fines que se consideraran lícitos, así el por entonces dirigente del SUGC, el Cabo 1º Manuel Rosa Recuerda inició la vía de registro de la asociación Unión Democrática de la Guardia Civil (UDGC), siendo encarcelado por ello y estando preso preventivo 9 meses en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid), hasta que por Auto del Tribunal Constitucional fue excarcelado.

Ante la imposibilidad de registro de una asociación, por entonces con caracteres de organización corporativa, otros guardias civiles junto con Manuel Rosa Recuerda intentaron registrar una asociación deportiva y cultural de la Guardia Civil, rechazada por el registro del Ministerio de Interior, ante la presunción de que lo que se pretendía era darle carta de legalidad al sindicato clandestino de la Guardia Civil y por tanto entendiendo que el registro se hacía en fraude de ley.

Los guardias civiles que junto con el anterior promovieron el registro de la asociación deportiva y cultural de la Guardia Civil fueron José Piñeiro González y Joaquín Parra Cerezo, hoy Sargento en activo de la Guardia Civil.

Ante la imposibilidad de registrar una asociación por parte de los guardias civiles, que le diera carta de legalidad y a partir de ese momento exponer abiertamente sus deseos y anhelos de consecución de derechos constitucionales y profesionales, dando a conocer su situación de trabajo, de hasta ochenta horas semanales bajo unas condiciones de trato no ajustadas a la Carta Magna, no tuvieron más remedio que seguir poniendo en conocimiento de la opinión pública su situación a través de la denominación, ya arraigada en los medios de comunicación y sociedad, de clandestino Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC).

Tras progresivos años de lucha ante los Tribunales, pasado más de un lustro, tanto la Audiencia Nacional, como el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, vinieron a reconocer a los guardias civiles su derecho a coaligarse para la defensa de sus intereses económicos y sociales, si bien con la limitación de no ejercicio de los derechos inherentes al derecho sindical, como la huelga o el conflicto colectivo, dado su carácter de Instituto Armado de naturaleza militar, lo que permitía según la propia Constitución que el Poder Legislativo pudiera someterles a disciplina militar.

Para cuando se produjeron esas sentencias, obtenidas entre otros por el propio Manuel Rosa Recuerda, José Morata Gargallo, y Joaquín Parra Cerezo para el caso de la Unión Democrática de Guardias Civiles, asociación COPROPER, y la Asociación para el Progreso de la Guardia Civil, respectivamente promovidas por los citados, tanto Rosa Recuerda, Morata Gargallo, José Piñeiro, y el ya fallecido Manuel Linde Falero, se encontraban fuera de la Guardia Civil, expulsados por una supuesta falta muy grave tipificada en el vigente Régimen Disciplinario de la Guardia Civil como realizar actos contrarios a la dignidad exigible a todo miembro de la Guardia Civil, por el hecho de haber integrado una organización sindical clandestina o promover un sindicato prohibido para los guardias civiles.

Tras casi 30 años desde los primeros momentos que originaron los hechos motivo de sanción, los guardias civiles han seguido un peregrinar angustioso, intentando su reingreso tras los cambios de la ley disciplinaria, las sentencias reconociendo el derecho de asociación profesional a los guardias civiles y la promulgación de la posterior ley de derechos y deberes de los guardias civiles que se vio en la obligación de amparar el mismo.

Siendo que hasta hace casi 10 años, ningún partido político se hizo eco de sus demandas de reingreso, hasta que el por entonces grupo parlamentario UpyD liderado por Rosa Diez, formuló en las Cortes Generales una proposición no de ley, para que se removieran todos los obstáculos que impedían el reingreso de estos guardias civiles, llevándose a efecto.

Por la intervención de las asociaciones profesionales IGC y AUGC, se sumaron otros partidos políticos a la iniciativa legislativa de Rosa Diez, tanto Izquierda Unida, como el PSOE en el Gobierno y el grupo parlamentario del Partido Popular. Tal fue la repercusión, que se iniciaron trámites en la Dirección General para instruir un expediente administrativo de reingreso, hasta que se truncaron estos planes por cambios de Gobierno.

A día de la fecha los ex guardias civiles José Piñeiro, José Morata y Manuel Rosa, siguen acudiendo a las vías Institucionales para lograr el reingreso y el reconocimiento de algún derecho retroactivo desde que fueron separados del servicio por buscar en definitiva, una forma de registro de una asociación profesional, derecho hoy ya conseguido por anteriores sentencias reconociendo la vulneración de ese derecho por parte de anteriores Gobiernos.

Todos los partidos políticos y la propia Dirección General de la Guardia Civil saben de las pretensiones de los ex guardias civiles, contando hasta con el visto bueno favorable de los mismos, para buscar una formula legal o reglamentaria que lo permita, lo que no debe ser tan difícil según la asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) que ha suscrito el manifiesto de reingreso presentado ante las diversas Instituciones del Estado.

Independientes de la Guardia Civil (IGC), con su presidente al frente, el Sargento en Activo Joaquín Parra Cerezo, que fuera precisamente en aquellos tiempos el máximo dirigente del SUGC, también expulsado por dos veces de la Guardia Civil, pero que a diferencia de los anteriores, si consiguió sentencias del Tribunal Constitución y Supremo que facilitaron su reingreso, no entiende que se pongan trabas a la solicitud de los compañeros expulsados, sí él igualmente militó y hasta dirigió ese sindicato, estando prestando servicio tiempo después, por más de un cuarto de siglo hasta la fecha, sin que ello haya supuesto ningún acto contrario a la dignidad exigible a todo miembro de la Guardia Civil.

IGC recuerda que desde hace ya bastantes años, España ha suscrito, de obligada forma, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, por mor de su integración en la Unión Europea, con el actual estatus jurídico. Y es precisamente ese Convenio, que se debe aplicar en su totalidad y directamente a todos los ciudadanos de la Unión, el que ampara el derecho de sindicación, que con limitaciones, se reconoce no sólo a las policías sino también a las Fuerzas Armadas. Por lo tanto y a tenor de lo expuesto anteriormente, no tiene justificación ni fundamento alguno, impedir la reinserción de esas personas que llevan décadas sufriendo, simplemente por haber buscado en su momento, una forma de coaligación de los guardias civiles en la defensa de sus intereses económicos y sociales.

Si los condenados tienen derecho constitucional de reinserción, porqué no podrían tenerlo los guardias civiles sancionados disciplinariamente, apostillan desde IGC.

23 de Abril de 2018

PorIGC Profesional

REUNIÓN CON EL TENIENTE GENERAL JEFE DEL MANDO DE PERSONAL Y FORMACIÓN

El día 12 de Abril de 2018, tuvo lugar una reunión con el Teniente General Jefe del Mando de Personal y Formación.

La presentación en su nuevo cargo ante las Asociaciones, ha transcurrido en un ambiente informal, repasando su paso en la Institución hasta el último destino que desempeña.

Aprovechando la situación, se ponen encima de la mesa varios temas, como los próximos destinos que se publicarán, los cursos de especialización y como no, la ya tan conocida equiparación, dejando claro que aunque IGC no haya suscrito el acuerdo, está tiene que estar presente en la mesa técnica, puesto que tiene mucho que aportar. Cabe recordar, que el próximo día 17 de Abril, comenzarán a trazarse las lineas para llevar a cabo la equiparación y como se van a ir realizando los ajustes en las nóminas.

En resumen, ha sido en reunión en tono informal, donde se ha visto que el nuevo Jefe de Personal y Formación tiene buenas intenciones y ganas de que entre todos sumemos.

PorIGC Profesional

LA DGGC QUIERE REGULAR LA IMAGEN DE LOS GUARDIAS CIVILES Y SE LES PROHÍBE EL USO DEL TELÉFONO MÓVIL DE SERVICIO

Independientes de la Guardia Civil (IGC), considera la normativa vulneradora de los derechos a la propia imagen, al desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión, información y comunicación, además de ser motivo de discriminación por sexo.

IGC no pretende ser alarmista ni impedir que las Autoridades administrativas puedan ejercer su poder rector de dirección y organización, pero considera que la normativa que desarrolla el Director General de la Guardia Civil transgrede su ámbito de potestades, porque es limitativa de derechos fundamentales que sólo por ley orgánica pueden regularse, sin rebasar su contenido esencial.

El Director General de la Guardia Civil pretende sacar adelante, tan sólo con informar y escuchar al Consejo de la Guardia Civil compuesto en su mitad por los Generales del Cuerpo, dos órdenes generales en las que prohíbe o limita derechos fundamentales de las personas como el de la propia imagen, al prohibir tintes de pelo que no sean naturales de los colores del cabello, o la prohibición de trenzas de tipo étnico, lo que ya de por sí, además es una discriminación por razón étnica.

Tampoco permite corte de pelos irregulares y exige que el corte de pelo en los hombres sea el clásico y la mujer debe llevarlo recogido.

También se incluyen discriminaciones por razón de sexo: las mujeres pueden llevar en las uñas esmaltes transparentes, pintarse los labios o maquillarse, mientras a los hombres se les prohíbe a no ser que sea consecuencia de una prescripción médica temporal por motivos de salud. Igualmente los componentes femeninos de la Guardia Civil pueden llevar pendientes y los hombres no.

Tan sólo se permite a los guardias civiles, sean hombres o mujeres, a llevar dos anillos, que no sean muy voluminosos, en los dedos de las manos.

Así la norma es tan limitante, que los componentes del cuerpo no podrán llevar llaveros que sobresalgan de los bolsillos, ni tener en lugares públicos charlas prolongadas entre ellos o ni siquiera fumar en lugares no prohibidos.

IGC considera la propuesta retrograda y no adaptada a la sociedad actual, ya que siguiendo en el capítulo de prohibiciones y/o limitaciones, no se prohíbe masticar chicle, pero se ordena que se evite, por lo que sólo quedaría justificado mascar chicle ante una causa justificada. Igualmente, los guardias civiles no podrán llevar nada en las manos, como pudieran ser bolsas, paquetes o cualquier objeto.

Durante el tiempo de prestación del servicio, se les prohíbe atender, consultar o usar dispositivos electrónicos móviles particulares, y sólo podrán comunicar con familiares a través de los medios oficiales desde las centrales coordinadoras de los servicios. No obstante, se podrá portar apagado, para su uso en la pausa de descanso del servicio, aunque en determinados momentos o lugares, o por orden del superior, se podrá prohibir portarlo incluso apagado.

Desde IGC consideramos este último punto absolutamente ilógico, ya que las nuevas tecnologías deben ser una herramienta mas a nuestro alcance laboral. Por poner un ejemplo, el anticuado sistema de comunicación SIRDEE tiene muchas “zonas oscuras” sin cobertura, donde un teléfono móvil puede ser la solución de un aviso por accidente o similar.

Independientes de la Guardia Civil (IGC) considera que aún de ser un profesional de la Justicia, el Director General de la Guardia Civil está siendo objeto de utilización por parte de aquellos sectores más retrógrados y reaccionarios de la Institución.

Según IGC, por observación directa han constatado que, -en una reunión con el Director General D. José Manuel Holgado Merino, y con su personal subordinado-, era interrumpido cuando preguntaba algo comprometedor a sus interlocutores, para que no pudiera escuchar la respuesta de los dirigentes de esa asociación profesional, y además era su personal subordinado el que desviaba la conversación.

A diferencia de otros Directores Generales que mandaban callar a los subordinados que le interrumpían, el actual que tiene por profesión Magistrado, permite esa irrespetuosa forma de actuación, que debería ser corregida por los que la practican, pues deben someterse al principio de jerarquía, disciplina, y subordinación.

Independientes de la Guardia Civil (IGC) pide al Director General de la Guardia Civil que utilice en sus decisiones las formas y técnicas de los Jueces y Magistrados y se aparte de influencias directas, para poder reflexionar, tras escuchar a las partes, pudiendo tomar una decisión ajustada a derecho, lo menos restrictiva posible y lo más favorable para los administrados, en este caso los guardias civiles cuando ejercen su profesión.

IGC pide también que se permitan y protejan en los guardias civiles las formas de moralidad, imagen y propia personalidad, generalmente aceptadas por la ciudadanía, las buenas costumbres y el orden público, sin restricción ilegítima de ningún derecho fundamental.

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LA ELECCIÓN “A DEDO” VUELVE A LA GUARDIA CIVIL

Independientes de la Guardia Civil (IGC) considera la vuelta a la ocupación de las plazas en la Policía Judicial de la Guardia Civil por el sistema de libre designación como una “prueba de la involución auspiciada por el Gobierno actual”.

La redacción del nuevo Real Decreto de Destinos de la Guardia Civil, promovido por las altas instancias de la Guardia Civil y de los ministerios de Defensa e Interior, ha aprovechado la oportunidad para evitar que el logro de la ocupación de las plazas de Policía Judicial por concurso de méritos permanezca vigente y ha impuesto nuevamente el sistema de ocupación de puestos por libre designación, auspiciada por los Generales componentes del Consejo de la Guardia Civil y por su asociación profesional.

IGC advierte del riesgo, “perfectamente conocido por el Gobierno, de la pérdida de independencia política y de la utilización y sumisión de los miembros de la Policía Judicial a los dictados y designios de esa concreta y limitada organización directiva de la Institución, en torno al seleccionado grupo de oficiales procedentes de la Academia General Militar, y de los “lobbys” de poder interno de esa élite directiva”.

Desde hace cuatro años, los puestos de libre designación de la Policía Judicial de la Guardia Civil, a excepción de la conocida Unidad Central Operativa (UCO), se cubrían mediante el sistema de concurso oposición en base a sus méritos profesionales. Ahora se vuelve nuevamente al pasado sistema que “permite a los oficiales de la Guardia Civil que ostentan la jefatura provincial de la Policía Judicial, también designados por libre designación en su cargo, elegir a los peticionarios a su arbitrio”.

Para IGC, la vuelta a ese sistema de ocupación de puestos de trabajo representa una “clara regresión a un sistema organizativo de la Guardia Civil que favorece o facilita que puedan darse situaciones de nepotismo, de afinidad personal, simpatía o amistad hacía los seleccionados, la falsedad y adulación en las relaciones entre profesionales, y, lo que es peor, generando inseguridad jurídica, discriminación y exclusión en la Policía Judicial por la personalidad o forma de pensar de los guardias civiles”.

Los oficiales, denuncian, “tendrán que realizar -ya sea por voluntad propia o impuesta- informes desfavorables de buenos profesionales, buscándole defectos y no reconociendo sus méritos, para que otros puedan ocupar su plaza en la Policía Judicial, convirtiéndose esta en un instrumento manejado al arbitrio de la personalidad del jefe provincial”.

Independientes de la Guardia Civil apela al director general, profesional de la Justicia, a “reflexionar sobre la medida, por cuanto qué pasaría si los cargos de juez y magistrado se ocuparan por la libre designación del Poder Judicial, a su vez elegido por el mismo sistema… Es evidente que se pondría claramente en riesgo la libertad y autonomía de los jueces, quebrando su independencia e imparcialidad”.

 “Llevar el sistema de libre designación tan lejos como para decidir desde el empleo de guardia civil hasta el de oficial quiénes deben ocuparlo supera la potestad de la Administración para elegir, dentro de las condiciones o requisitos de la convocatoria, al participante que estime más adecuado para el desempeño del que se trate, utilizando un sistema no supeditado a una valoración tasada de los méritos invocados según un baremo previamente establecido”, han denunciado desde IGC.

Los agentes recuerdan al Gobierno que la Guardia Civil “no es una empresa privada donde el empleador o empresario decide a quiénes quiere para trabajar, sino que es una entidad pública al servicio de todos los españoles y que no se puede hacer de la misma un instrumento creado al capricho, o siquiera a la libre voluntad de la persona que ostenta la Jefatura de una Unidad provincial de la Policía Judicial compuesta en término medio por 50 guardias civiles”.

 Las consecuencias de ese sistema son claras, advierten: “sólo podrán integrar la Policía Judicial de la Guardia Civil los elegidos por el jefe, excluyendo al resto del sistema de concurso oposición y vulnerando por ello el artículo 23.2 de la Constitución”. Además, lamentan, “el jefe se verá en la necesidad de evaluar negativamente el trabajo del subordinado, aunque lo haga mejor que la media, para poder echarlo de la Unidad y meter a sus elegidos”.

Fuente: LA GACETA